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Grandes ejes del Proyecto de Ley para APR's
Grandes ejes del Proyecto de Ley para APR's Imprimir
Viernes, 18 de Diciembre de 2009 15:14

Camara de DiputadosForma de regulación que establece el Proyecto de Ley de los Servicios Sanitarios Rurales.

 Autorización

 En primer término, se establece que el Estado va a otorgar una autorización, que podrá ser una Licencia o un Permiso, para que un Comité de Agua Potable Rural o una Cooperativa de Servicio de Agua Potable puedan operar un servicio sanitario rural. En el caso del Permiso, éste se otorgará a un Comité o a una Cooperativa y en el caso de la Licencia, ésta se otorgará exclusivamente a una Cooperativa.

 Registro Público

 Para ello, se establece la creación de un Registro Público de Operadores, en el cual deberán inscribirse, dentro del plazo establecido en los artículos transitoriosde la Ley, todos los Comités y Cooperativas que operan actualmente un sistema de agua potable rural y cuando sea pertinente, de un sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas.

 

Deberes y derechos

 A partir de ello, se fijan los deberes y derechos de los operadores. Los deberes tienen relación principalmente con la calidad de la prestación de los servicios sanitarios rurales a los usuarios, es decir, calidad y continuidad exigidas por las normas respectivas, cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en su Reglamento y de la normativa e instrucciones que se impartan. En cuanto a los derechos, éstos se relacionan con el cobro de los servicios prestados y de los reajustes e intereses corrientes por las cuentas que no sean canceladas en los plazos establecidos, la suspensión de los servicios que adeuden una o más cuentas y el cobro del costo de la suspensión y de la reposición.

 Para esos efectos, se otorga mérito ejecutivo a las boletas o facturas que se emitan por la prestación de los servicios sanitarios rurales o por los trabajos en los arranques de agua potable o uniones domiciliarias de alcantarillado, incluidos sus reajustes e intereses.

 Bienes indispensables

 Son aquellos bienes que no se pueden disponer libremente por los operadores. Serán considerados bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, los arranques domiciliarios de agua potable, las uniones domiciliarias de alcantarillado, las redes de distribución, las redes de recolección, los derechos de agua, las captaciones y sondajes, los estanques de regulación y las servidumbres de paso, plantas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas, y los inmuebles donde estén las captaciones, sondajes, estanques y plantas de tratamiento.

  

Declaratoria de riesgo

 Una vez que entre en vigencia una Licencia, el MOP, en base a un informe técnico elaborado por la SISS o por la Autoridad Sanitaria, según sea pertinente, podrá declarar en riesgo la prestación del servicio, en los casos en que las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la Ley o en la reglamentación vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento de la Licencia y si la licenciataria no cumple con el Plan de Inversiones.

 

Administración temporal

 Si el MOP declara que se presentan las causales anteriores, cesarán en sus funciones el Gerente y el Consejo de Administración de la Cooperativa, designándose a un administrador temporal, el que ejercerá todas las funciones que les corresponde a los órganos antes señalados. La declaración de riesgo en la prestación del servicio y la designación de un administrador temporal no impide la aplicación de las sanciones que procedan, en conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente.

 

Incompatibilidades

 Serán incompatibles los cargos de Alcaldes (desde que inscribe su candidatura) y de Consejeros Regionales, con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los Comités y Cooperativas.

 

Cesación en el cargo de dirigentes de un Comité

 A las causales ya establecidas en la Ley de Juntas de Vecinos, por la que se rigen los Comités, se agrega como causal de cesación en los cargos de sus dirigentes, la condena por alguno de los crímenes o simples delitos contra la propiedad, establecidos en el Código Penal. También será causal de censura para todo el Directorio de un Comité, el incumplimiento en la confección anual de un balance o de una cuenta de resultados, así como el rechazo del balance o de la cuenta de resultados anual, en dos oportunidades sucesivas, por a lo menos dos tercios de la asamblea.

  

Tarifas

 Será la SISS quien intervenga en la fijación tarifaria, con participación de la comunidad. Como principio general, las tarifas deberán recuperar los costos indispensables de operación y como exigencias adicionales, las que tiendan a contribuir con el financiamiento parcial de la reposición e incluso de la reinversión, dependiendo del segmento en que se encuentre el Comité o la Cooperativa. El procedimiento de fijación tarifaria será regional y distinguirá sistemas tipo y sistemas de tarificación individual, la que se hará cada 5 años, con un plazo, para el Permiso, de 5 años para la primera tarificación, período en el cual se podrá seguir cobrando las tarifas vigentes y para la Licencia, de 2 años.

  

Regulación, fiscalización y sanciones

 La SISS será el organismo encargado de ejercer las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras respecto de todo Comité o Cooperativa a cargo de un servicio sanitario rural, como asimismo, el Departamento de Cooperativas, dentro del ámbito de sus competencias, respecto de la gestión de las Cooperativas. Por otra parte, los Comités y Cooperativas podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio fiscal por parte de la SISS, de acuerdo con las causales que se señalan en el Proyecto de Ley, específicamente por deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, por cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, etc.

 ¿Qué contiene el proyecto y qué beneficios traerá?

 Las normas legales por la cual se rigen los sistemas de agua potable rural y los sistemas de alcantarillado-tratamiento de aguas servidas, no son suficientes para un óptimo funcionamiento de los servicios y tampoco aseguran un desarrollo armónico del sector sanitario rural, requiriéndose en este sentido, de una normativa jurídica propia que regule, tanto aspectos técnicos, como normativos, tarifarios, formas de gestión, patrimonio, etc., todos los cuales están vinculados con la sustentabilidad técnica-financiera de los servicios, que se espera lograr en el mediano plazo.

 En este sentido, el Proyecto de Ley plantea como desafío, la generación de una institucionalidad que sea capaz de regular todos aquellos aspectos relacionados con el funcionamiento de los servicios sanitarios rurales y que pueda garantizar, como una política de Estado, sustentada en una Ley, la debida coordinación e implementación de Programas destinados a otorgar infraestructura sanitaria básica, para la población rural que aún se encuentra marginada de estos beneficios.

 El marco jurídico que se propone para el sector sanitario rural, tiene entre sus propósitos, fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias y de preservar con ello el carácter participativo y comunitario de la gestión; establecer, entre otras materias, los derechos y las obligaciones de las organizaciones prestadoras, así como los derechos y obligaciones de los usuarios; reconocer la existencia de una gran heterogeneidad de sistemas de agua potable rural, para lo cual se plantea la conveniencia de segmentarlos de acuerdo con variables previamente definidas, estableciéndose, por consiguiente, distintos tipos de exigencias a las organizaciones prestadoras, de acuerdo con el segmento en que queden clasificadas; incentivar la eficiencia económica en la gestión, con el fin de lograr la viabilidad financiera de los sistemas de agua potable rural; definir la acción reguladora y fiscalizadora del Estado, así como de sus roles en cuanto a la asistencia, promoción, cooperación y supervisión a desempeñar para el logro de los fines sociales, económicos, comunitarios y técnicos, propios de la gestión que les compete a las organizaciones prestadoras de los servicios sanitarios rurales.

 ¿Cuáles son sus puntos conflictivos, si los hay?

 Todos los aspectos más relevantes del Proyecto que hubieran podido afectar a los Comités y Cooperativas, en cuanto a su gestión, a su desarrollo y existencia futura, fueron ampliamente analizados en conjunto con los representantes de las asociaciones regionales y provinciales de Comités y Cooperativas y con la Federación Nacional de Servicios de Agua Potable Rural (FENAPRU); por consiguiente, es un Proyecto de Ley plenamente consensuado con los representantes de las organizaciones. En lo que a difusión se refiere, el Proyecto de Ley ha sido dado a conocer en reuniones ampliadas, a nivel provincial y regional, a todos los dirigentes de los comités y cooperativas de agua potable rural existentes a nivel nacional. A este respecto, en el año 2008, participó un total de 1800 dirigentes.

 Este proceso de participación en la elaboración permitió alcanzar amplio consenso en torno al Proyecto de ley y se tradujo en la amplia aprobación en el Senado.

 

FUENTE: Departamento de Programas Sanitarios, MOP