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Senado, acuerda legislar para el Agua Potabe Rural.
Senado, acuerda legislar para el Agua Potabe Rural. Imprimir
Lunes, 16 de Marzo de 2009 14:41

Fortalecerán la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias en los servicios de agua potable rural.

DSC08483.JPGSenado aprobó en forma unánime legislar sobre el proyecto que entrega un marco regulatorio a los actuales sistemas de Agua Potable Rural (APR), que pasarán a ser el sistema de Servicios Sanitarios Rurales.

Con plazo para realizar indicaciones hasta el 13 de abril quedó el proyecto, en primer trámite, que establece el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, una realidad que existe en el país hace unas 4 décadas a través de los sistemas de agua rural y que beneficiará a más de 3 millones de personas.

A petición del senador Pablo Longueira, integrante de la Comisión de Obras Públicas, el Senado aprobó la idea de legislar de esta iniciativa en forma unánime y sin debate. El proyecto llegó a la Sala con el informe favorable de dicha instancia y con calificación de 'suma urgencia', es decir, con un plazo de 10 días para ser despachado por cada rama legislativa.

La futura institucionalidad del sistema fortalecerá la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias preservando su carácter participativo; incentivará la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera de los sistemas APR, que pasarán a ser: los Servicios Sanitarios Rurales.

Por otra parte, incorporará el saneamiento rural y definirá con claridad los diversos roles del Estado. Asimismo, considerará un período de transición que permitirá la gradual adaptación de las organizaciones comunitarias y los órganos de la administración, a las nuevas condiciones.

En la actualidad existen más de 1.500 Comités de agua potable rural y más de 300 mil arranques, es decir, unos 3 millones de personas dependen de los sistemas de agua potable rural.

Cabe recordar que estos programas de agua potable rural empezaron hace más de 40 años y hoy tienen como perspectiva a futuro abordar el tema del tratamiento y saneamiento de aguas servidas y eso requiere de una institucionalidad distinta.

NUEVO MARCO REGULATORIO

En lo fundamental la iniciativa contiene la definición de una Política nacional de prestación de servicios sanitarios en el ámbito rural, que incorpora tanto la provisión y distribución de agua potable, como la posibilidad, en la medida que las circunstancias lo hagan necesario en cada caso particular, para incorporar soluciones de recolección, disposición o tratamiento de las aguas servidas.

Se establece además la creación de un Consejo Consultivo para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, con la participación de los entes públicos más directamente vinculados con el sector, y con representación de las organizaciones sociales de los servicios sanitarios rurales (9 representantes al Consejo).

Actualmente los comités de APR, que representan un 90% de las organizaciones de agua potable rural, son, institucionalmente, organizaciones vecinales, de carácter funcional.  Sin embargo, su naturaleza es, además, económica, en el sentido que representa una forma de asociación para proveer un servicio de la mayor relevancia.

El proyecto establece la obligación de todos los 'operadores' de proporcionar el servicio de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales para uso doméstico: servicio sanitario rural 'primario'. También podrán prestar un servicio 'secundario', en la medida que 'garantice la cobertura del servicio sanitario rural primario'.

Al mismo tiempo, este reconocimiento de la naturaleza económica de la actividad requiere que los usuarios tengan un estatuto claro de derechos y deberes, entre los cuales se incluye, por ejemplo, la obligación de pago y, consiguientemente, el derecho a cortar el suministro a los morosos.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y tendrán una vigencia de 5 años, y su conocimiento y aprobación será materia de la asamblea de socios.

La asamblea podrá acordar una variación de hasta un 10% del nivel tarifario propuesto por ésta. De esta manera, se combinan exigencias de rigurosidad técnica en la determinación de las tarifas, con el respeto a los fundamentos participativos de las organizaciones de APR.

FUENTE: www.senado.cl



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